El Tratado de Bucareli, firmado en
1923, fue un acuerdo entre los países de México
y Estados Unidos. Oficialmente,
fue llamado "Convención Especial de Reclamaciones" por pérdidas sufridas
por ciudadanos o sociedades de los Estados Unidos de América por causas de las
guerras de la Revolución
Mexicana.
El tratado buscaba canalizar las exigencias de ciudadanos
estadounidenses por presuntos daños causados a sus bienes por guerras internas
(Revolución Mexicana) durante el período comprendido entre 1910 y 1921. Las
pláticas tuvieron por sede a la Ciudad de México
y se llevaron a cabo en un
edificio del gobierno federal ubicado en la calle de Bucareli no. 85. Las
negociaciones se iniciaron el 15 de mayo de 1923 y terminaron el 13 de agosto
del mismo año. El Tratado de Bucareli fue cancelado poco tiempo después por el
Presidente Plutarco Elías Calles.
El marco nacional dentro del cual
el tratado fue firmado se caracterizó por la inestabilidad política y las
constantes asonadas militares. Uno de los orígenes de la relativa debilidad del
gobierno de Álvaro Obregón provenía del hecho de que los Estados Unidos
no habían reconocido su régimen post-revolucionario. La Constitución de 1917,
con una marcada influencia socialista y nacionalista había perjudicado a muchos
intereses estadounidenses, por lo cual el presidente de aquel país se negaba a
reconocer como legítimo al presidente Álvaro Obregón, y además exigía la
derogación de varios artículos o al menos que no fuesen retroactivos. Para Obregón, el reconocimiento de su
gobierno por el país del norte era un asunto prioritario porque así evitaba la
constante amenaza de un conflicto armado con dicho país y le restaba fuerza a
sus enemigos internos, quienes también buscaban el apoyo de los estadounidenses.
Dada la devastación y desorden causados durante las guerras
civiles o revolucionarias, Obregón consideraba que eran necesarias las Inversiones Extranjeras para reconstruir la economía del país. Por
su parte, Estados Unidos condicionaba el reconocimiento a Obregón como
Presidente legítimo al establecimiento de un tratado entre los dos países, en
el cual México garantizaría los derechos de propiedad de los estadounidenses
radicados en México y de sus compañías petroleras en territorio mexicano. El
problema del petróleo se deriva del artículo 27 de la Constitución Mexicana que volvió a retomar una antigua ley
novohispana donde se establece que todo lo que esté en tierras mexicanas es
propiedad del Gobierno Federal. El lenguaje del artículo 27 trataba la posesión
del petróleo de Estados Unidos y las compañías petroleras de Europa,
especialmente si el artículo fuera aplicado retroactivamente.
Tres fueron las condiciones que exigieron al gobierno mexicano:
a. Especificar en el
contenido del artículo 27 constitucional la situación legal en la que quedarían
la industria petrolera y las propiedades agrícolas de los extranjeros; b. reanudar el pago de la deuda externa, suspendida durante el
gobierno de Venustiano Carranza Garza; c. pagar las compensaciones a los
extranjeros, que por daños a sus personas o propiedades hayan sufrido durante
la lucha revolucionaria.
La Suprema Corte de
Justicia concedió y determinó que
el artículo 27 no sería retroactivo en la parte correspondiente a la industria petrolera. Con relación a la
reanudación del pago de la deuda externa, Obregón intentó obtener fondos
mediante los impuestos del petróleo pero las empresas petroleras se opusieron a
tal aumento, deteniendo la producción y obligando así al gobierno, a derogar
dicho impuesto.
El Tratado de Bucareli fue firmado por Álvaro Obregón
el 13 de agosto de 1923 con el que se llegó, esencialmente, a los siguientes
acuerdos:
§
Las
propiedades agrícolas expropiadas a estadounidenses se pagarían con bonos, si
no eran mayores a 1755 hectáreas.
§
Las
propiedades que rebasaran dicha extensión, el pago sería de inmediato y al
contado.
§
Se integraría
una comisión que se encargaría de revisar las reclamaciones pendientes a partir
de 1868; las reclamaciones originadas por la Revolución se resolverían aparte.
§
Con relación
al petroleo, el art. 27 no era retroactivo para
los norteamericanos que habían adquiridos sus concesiones antes de 1917, lo que les permitía
seguir explotando libremente el hidrocarburo.
Las indemnizaciones o reclamaciones debieron ser
entregadas durante un período de dos años y éstas debieron ser procesadas
durante cinco años a partir de la firma del tratado. Sin embargo, el Trato de
Bucareli careció de validez legal porque no
estuvo sujeto a la aprobación de los Congresos de los dos países firmantes,
quedando en un "acuerdo de caballeros", que comprometía únicamente a
Obregón pero no a su sucesores, sin embargo, el gobierno de Obregón fue
reconocido por el gobierno de Estados Unidos.7 Se desconoce la cantidad de dinero pagada a
estadounidenses durante el período presidencial de Obregón.
Por su parte, el ex-presidente Adolfo de la Huerta, quien
figuraba en el gabinete obregonista como Secretario de Hacienda, consideró que el
tratado violaba la soberanía nacional y sometía a México a "condiciones
humillantes". De la Huerta acusó a Obregón de traición a la patria, mientras que él, a su
vez, fue acusado de incompetencia en el desempeño de su cargo y se le hizo
responsable de la terrible situación de las finanzas. De la Huerta renunció a
su cargo y se trasladó a Veracruz, desde donde lanzó un manifiesto que
desató la rebelión delahuertista en diciembre de 1923.
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